En los próximos días, el Gobierno Nacional deberá publicar el decreto que establece la actualización de las pensiones para el trimestre de septiembre a noviembre. Mientras el gobierno de Alberto Fernández espera una nueva fórmula de ajuste que reemplace a la establecida por la suspendida Ley de Movilidad Previsional, se decide que el haber mínimo no perderá por la inflación.
Sin embargo, la discusión en el gabinete económico sigue en curso y la «tradición» ha sido que en los próximos 15 a 20 días se publique cómo se van a ajustar las jubilaciones.
El problema es que al volverse ineficaz la referencia a la variación de precios y salarios en el trimestre anterior a los seis meses de aplicación, según lo establecido por la norma de marras, y dadas las severas restricciones tributarias con la extensión de la cuarentena por debilitamiento de recursos y potenciación del gasto social y sanitario, se abre un nuevo escenario de incertidumbre sobre el factor de ajuste.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso de La Nación, el sistema tiene 6,6 millones de beneficiarios y 9,8 millones de cotizantes. Según el informe, este ratio solo puede cubrir el 40% de la retribución media.
Esto lleva al problema crónico de la economía argentina: hay más salidas que entradas, por lo que la definición tiene un gran contenido político. Y ya que todo se define entre los distintos sectores que integran la coalición gobernante, pues si bien la medida consiste en tomar en cuenta la inflación del trimestre anterior, existe cierta discrecionalidad al respecto, teniendo en cuenta que el aumento es por decreto del límite impuesto por la aceleración del déficit fiscal.
Como explicaron fuentes que siguen de cerca la discusión, la visión para «frenar» la inflación es la que defiende el Palacio de Hacienda. Desde el equipo del ministro Martín Guzmán, ya anunciaron que la intención es que las pensiones se ajusten por el acumulado del último trimestre del IPC Indec, esto es 1,5% en abril, 1,5% en mayo y 2,2% en junio, lo que significaría que si esta posición es la introducida, el próximo reajuste de jubilaciones para el trimestre septiembre-noviembre sería de un 5,3%.
Desde otro sector del gobierno, concretamente de la Anses comandada por María Fernanda Raverta, están invirtiendo en una fórmula donde una jubilación no solo acompaña al costo de vida sino que también gana, para recuperar parte del terreno perdido el año pasado. La intención con los técnicos de la agencia es que el aumento tenga un piso del 7%.
Pero incluso si se introdujera la fórmula derivada del sector Raverta, que tiene un incremento de dos puntos porcentuales por encima de la inflación en el segundo trimestre, aún estaría por debajo del 10,6% que la Ley de Movilidad mostraría suspendida.
Este valor se deriva de la fórmula de movilidad suspendida que toma el trimestre del semestre anterior al ajuste, que se divide en el 70% de la variación del índice de precios al consumidor que fue del 8,83% y el 30% del incremento de RIPTE que fue de un 14,72%.
Aunque todavía se debate, hay un hecho que de alguna manera marca el camino que la Casa Rosada podría definir. En el Proyecto de Ley de Ampliación de Presupuesto, se elevó la partida de seguridad social a $ 2,63 billones, que es un 41% más que la implementada en 2019 ($ 1,87 billones), en línea con la estimación de consultoras privadas de diciembre a diciembre.
“La realidad es que hay expectativas dado que hay un proyecto de la mano de Raverta que no está funcionando muy bien, pues estipula que se deben hacer ajustes a las jubilaciones en cuanto al crecimiento del PBI y la recaudación tributaria. La movilidad debe garantizar la capacidad de compra de los haberes y en un contexto de disminución de la recaudación, esto no sería posible”, explicó la abogada previsionalista, Andrea Falcone.
Falcone advirtió, entendiendo que los jubilados no podrán recuperar algo de lo que ya perdieron, que la actualización debe tener en cuenta la «razonabilidad» de la pérdida, de lo contrario habrá una nueva ola de juicios. «Si la brecha es menor al 4%, ningún juez lo tomará en cuenta, pero si es mayor, volveremos a ver una catarata de juicios».
Por si acaso, la especialista en Previsión Social advierte: “los jubilados de la mínima acumulan un deterioro del 4% en términos, pero los de los más altos ya perdieron el 14%, yo misma tengo una enorme cantidad de demandas por este tema”.
En el gobierno, afirman que la pérdida de ingresos por la derogación de la Ley de Movilidad fue más que compensada por el congelamiento de tarifas y precios en la canasta de medicamentos.
Otro punto que se está discutiendo es que no pasa desapercibido para los abogados de pensiones que «el gobierno tomó la decisión política de presionar y aumentar el capital de trabajo para incluir un sector en la sociedad entregando al IFE pero continuando el ajuste de jubilaciones».
