Sus sanciones han desatado un debate sobre los beneficios de las empresas del sector, que es la tercera empresa exportadora más grande del país y tiene potencial para seguir creciendo.
Después de la exportación de bienes y automóviles, la venta de servicios de conocimiento en el extranjero es la tercera fuente de divisas del país. Pero los giros y vueltas de las leyes y regulaciones, la recesión argentina y las fluctuaciones del tipo de cambio han afectado su desempeño: los datos del segundo trimestre revelan que las exportaciones de este sector cayeron un 11,4% en comparación con el mismo período de 2019, según el Informe de Argencon.
Si se suman los últimos cuatro trimestres (los dos últimos trimestres de 2019 y los dos primeros trimestres de este año), el valor de exportación de los servicios de conocimiento es de 5,821 millones de dólares, lo que supone una disminución del 6,4% en comparación con los cuatro trimestres anteriores, aunque se mantiene la participación sobre el total de exportaciones argentinas (7,8% del total nacional).
Los puntos clave de la nueva ley
El sistema de promoción entrará en vigor desde el 1 de enero de 2020 hasta el 31 de diciembre de 2029.
Las actividades cubiertas incluyen: industria de software; producción audiovisual en formatos digitales; biotecnología, bioinformática e ingeniería genética; nanotecnología y nanociencia; industrias aeroespacial y de satélites; e ingeniería de la industria nuclear.
Pueden incorporarse empresas constituidas en Argentina o con derecho a trabajar en el país. La empresa debe acreditar que el 70% de la facturación del año pasado estuvo relacionado con las actividades promovidas.
Las nuevas empresas deben acreditar fehacientemente el desarrollo de las actividades promovidas.
Los beneficiarios deben demostrar que han mejorado continuamente la calidad de sus servicios e invertido en la formación de sus empleados: 1% para microempresas, 2% para pymes y 5% para grandes empresas.
Las empresas que inviertan en la formación de desempleados menores de 25 y mayores de 45 años o mujeres en un empleo formal por primera vez podrán calcular el doble de su valor.
Deben exportar bienes de actividades promocionales como porcentaje de su facturación total el año pasado: al menos 4% para microempresas, 10% para pymes y 13% para grandes empresas.
El beneficiario de la ley puede convertir hasta el 70% de la contribución del empleador en un depósito de crédito fiscal intransferible, que puede utilizarse para cancelar impuestos nacionales en un plazo de 24 meses.
En el caso de una nueva empresa laboral que considere la diversidad y la inclusión, los ingresos alcanzarán el 80% del aporte del empleador.
Se establecerá un fondo fiduciario para promover la economía del conocimiento.
Las voces del sector privado
“Aun cuando esta nueva ley reduce los beneficios que se habían aprobado inicialmente, era indispensable salir del limbo normativo en que se encontraba el sector” explica Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la entidad que nuclea a las empresas prestadoras de servicios de esta industria.
Uno de los puntos que emergen es que los cambios introducidos reducen los incentivos para los sectores con alto potencial de desarrollo, que son los vinculados a los mercados externos. “El diseño de los beneficios establecido en la reforma hace que a mayor exportación menor sea el estímulo del régimen», explica, y agrega: “La relación de los beneficios entre empresas locales y exportadoras llega a ser de hasta 3 a 1. Es probable que empresas con gran capacidad de generación de empleo y divisas no vean atractiva la relación entre los beneficios que ofrece la ley y el grado de discrecionalidad que se ha establecido sobre las normas que lo regularán”.
Desde la Cámara Argentina de la Industria del Software (CESSI) coinciden en que es mejor tener una versión de la ley vigente que no tener legislación, pero también advierten en varios puntos, como cómo para liquidar el impuesto sobre la renta de las sociedades. incluido en la ley de software para el año iniciado en 2019.
“Dado que la mayoría de los ejercicios fiscales ya cerraron, sería bueno mantenerlo, teniendo en cuenta que la nueva ley propone una escala variable según el tamaño de la empresa”, dijo la Cámara en un comunicado. “Es necesario que la ley de Economía del Conocimiento sea el comienzo de un nuevo marco regulatorio que impulse diversas políticas públicas para el desarrollo de la innovación local”, explicó Sergio Candelo, presidente de CESSI.
El curso de una ley con giros y vueltas
En 2019, antes del cambio de gobierno, el Congreso aprobó casi por unanimidad la Ley de Economía del Conocimiento, que buscaba reemplazar y superar la Ley de Software, que muchos actores de la industria han adoptado. fueron apoyados.
En enero de 2020, Matías Kulfas, el ministro de Desarrollo Productivo, decidió suspender la ley que había sido aprobada durante el gobierno anterior. El argumento fue que estudiarían la implementación del registro de empresas alcanzado por el esquema, las categorías y el tamaño de las empresas beneficiarias.
En junio de este año, la cámara baja aprobó casi por unanimidad una nueva ley, redactada entre los diputados y las Kulfas.
Con su aprobación, esta ley fue entregada al Senado que, a principios de octubre, le dio luz verde con cambios como los logrados por el régimen que tendrían una reducción del 60% del monto total del impuesto a la renta. El texto final, por otro lado, no cumple estas ventajas.
